La Resolución 016 de 2026 designa fiscales especializados en cada región del país para investigar y judicializar ciberataques contra la infraestructura electoral digital
La Fiscalía General de la Nación activó este 2026 una estrategia integral de ciberseguridad electoral a través de la Resolución 016 del 20 de febrero de 2026, que designa fiscales especializados de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos en cada región del país, con mandato expreso de investigar y judicializar cualquier ataque informático que comprometa las jornadas electorales del 8 de marzo y el 31 de mayo de 2026.
La resolución establece que estos fiscales enlace regionales tienen la obligación de participar en mesas de articulación institucional y de apoyar actos urgentes de investigación en tiempo real durante las dos jornadas electorales. El apoyo técnico permanente del Cuerpo Técnico de Investigación (C.T.I.) garantiza que la recolección y el aseguramiento de evidencia digital se realice de forma inmediata, evitando que los rastros de un incidente se pierdan en las horas críticas del proceso de votación.
La estrategia de la Fiscalía se articula en tres frentes claramente definidos. El primero es la investigación y judicialización de ataques contra la infraestructura crítica digital electoral, es decir, los sistemas de transmisión de resultados, plataformas de inscripción de cédulas y bases de datos del registro civil. El segundo frente cubre los delitos contra activos digitales vinculados directamente al proceso: hackeo de cuentas de candidatos, campañas de desinformación con manipulación de sistemas informáticos y fraude electoral mediante TIC. El tercer frente atiende conductas informáticas de connotación nacional que, aunque no sean exclusivamente electorales, puedan interferir en la estabilidad institucional durante el período de campaña y votación.
La Fiscalía definió cuatro principios operativos que orientan la actuación de sus equipos: análisis y orientación al riesgo (identificación de patrones escalables antes de que se materialicen), inmediatez operativa (intervención y aseguramiento de evidencia digital sin demora), priorización de la carga (foco en hechos de alto impacto o gravedad) y articulación y coordinación técnica con entidades del ecosistema nacional de ciberseguridad, incluyendo el MinTIC, la Registraduría Nacional y el ColCERT.
Un elemento diferenciador de esta estrategia es su activación anticipada: la actuación de los fiscales enlace inició desde la fase preelectoral, no el día de las elecciones. Esto significa que ataques de denegación de servicio contra plataformas de inscripción, campañas de phishing dirigidas a funcionarios electorales o intentos de comprometer los sistemas de la Registraduría durante febrero y marzo ya están dentro del radar de investigación activa. La Resolución 016 también prevé la recepción y análisis de información técnica proveniente de organismos especializados, partidos políticos, campañas electorales y la ciudadanía en general.
Para las organizaciones que prestan servicios tecnológicos vinculados al proceso electoral, proveedores de conectividad, empresas de software de escrutinio, medios de comunicación que transmiten resultados, esta resolución tiene una implicación directa: cualquier incidente informático que ocurra en sus sistemas durante el período electoral puede ser objeto de una investigación penal activa y coordinada. Los ciudadanos, por su parte, deben saber que reportar intentos de manipulación informática o desinformación digital ante la Fiscalía ya tiene un canal formal y un equipo especializado que responde. Colombia entra a sus elecciones de 2026 con la infraestructura jurídica más robusta hasta la fecha para enfrentar la ciberamenaza electoral, el reto ahora es que la capacidad operativa esté a la altura del marco normativo.
FUENTE ORIGINAL
Fiscalía General de Colombia↗CURADO POR
Santiago Torres